En Puerto Rico la reducción de enfermedades prevenibles por vacuna y por ende de las muertes causadas por estas ha sido notable en nuestra sociedad y de gran impacto en beneficios de nuestra calidad de vida.

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Este avance no hubiese sido posible si no hubiese estado respaldado por una base legal que viabilizó el proceso y le dio al Departamento de Salud la autoridad para trabajar en un esfuerzo educativo y promocional sobre los beneficios de la vacunación sin precedente alguno.

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Este respaldo legal comienza el 23 de julio de 1974 con la aprobación de la Ley 235 “Ley de Inmunización para Ingreso a la Escuela” y se reforzó con la primera enmienda que se le hiciera a esta ley el 23 de septiembre de 1983, la cual la derogó y estableció la Ley Número 25 de inmunización escolar vigente. 

 

Esta ley le requiere un certificado de Inmunización a todos los estudiantes que se matriculen en cualquier institución educativa de la isla sea pública o privada, incluyendo los Centros en Cuidado Diurno (de acuerdo a su edad) y Universidades.